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14 may. 2011

Los corsarios de Artigas parte 3. Lic Cristina Montalbán








La problemática de las ventas de presas y cargas. Las cortes de VenezuelaLos corsarios de Artigas - 3Lic. Cristina Montalbán
EXTRAÍDO DE: http://letras-uruguay.espaciolatino.com/montalban/los_corsarios_de_artigas3.htm


Debido a que la legislación americana se fue radicalizando en procura de controlar la actividad de sus puertos, fue indispensable buscar un lugar donde se reconociesen los derechos de los corsarios.

En base a lo expuesto y aprovechando la vecindad, se llevó a cabo un tráfico intenso con las Antillas, siendo muy utilizados los tribunales de San Bartolomé, Santo Tomás y Guadalupe. Fue usada también la isla Amelia, y en el Golfo de Méjico funcionaron especialmente los puertos de Nueva Orleáns y Galveston.

Asimismo tuvo injerencia en el juzgamiento de presas de corsarios rioplatenses el Tribunal de Almirantazgo inglés que estaba ubicado en la isla Antigua, en San Juan. (Inglaterra mantendría su neutralidad ante Europa, pero sin perder oportunidad de tratar de ganar sus espacios.)

Debemos decir que en ninguno de estos puertos existía un mercado activo para los ricos cargamentos expropiados por los corsarios, consistentes en productos tales como café, azúcar, cigarros, rapé, cueros, vinos, mercurio, cobre, caoba, etcétera.

Fue entonces que se estableció un comercio subrepticio con Estados Unidos, adonde ingresaban tales artículos bajo una apariencia de origen más regular.

La maniobra más usual era iniciada por los agentes quienes trataban con los capitanes corsarios y, con la intermediación de los comerciantes locales, llevaban a cabo complicadas transacciones que finalizaban en la "legalización" de los cargamentos, cambiando o eliminando las marcas de embarque. En tales condiciones ingresaban a los puertos americanos en buques mercantes, cuyos capitanes estaban también en su mayoría en conocimiento de lo actuado, aunque negaran el hecho para no involucrarse en problemas legales.

Los cónsules español y portugués estaban atentos a la llegada de estos buques en procura de descubrir cualquier pista que les diera pie a los innúmeros reclamos.

En otras ocasiones se hacía una venta simulada, lo que posibilitaba un embarque aparentemente legal desde las Indias Occidentales, no figurando en los documentos de carga ningún nombre de los capitanes corsarios.

Las cargas ingresaban así munidas de papeles expedidos en aquellos puertos, dependientes de potencias menores: Saint Thomas, danesa; San Bartolomé, sueca; Curacao, holandesa; e incluso en Kingston y Jamaica, donde muchos ingleses se integraban a los tratos corsarios. (Luego del Congreso de Aix La Chapelle la isla de San Bartolomé dejó de recibir corsarios. Sus cercanías de parajes solitarios en la zona de "Cinco Islas" eran utilizadas frecuentemente por los corsarios para reunirse con sus presas.)

El 3 de marzo de 1819 se prescribió en Estados Unidos la condena a la piratería -estipulando concretamente lo que se entendía por tal- y disponiéndose para este delito la pena de muerte.

Ante estas medidas el general Artigas, del mismo modo que había gestionado el reconocimiento de su bandera ante el gobierno de Chile, lo hará en 1819 con Venezuela.

El 20 de julio de 1819 Artigas solicitaba a Bolívar reconocimiento, apoyo y acogida de sus corsarios y las presas de los mismos en la Corte de Almirantazgo instalada en Juan Griego -Isla Margarita- el 26 de marzo de ese año. La gestión tuvo buena acogida y se han hallado varias sentencias favorables a las capturas juzgadas en este tribunal.

Se conocen asimismo varios corsarios que actuaron bajo doble patente venezolano-artiguista. La derivación de las presas artiguistas a puertos favorables fue acompañada de un incremento de la circulación de sus patentes, además de la ampliación de su radio de acción.

El tribunal de Juan Griego se transformó en 1819, por disposición del Congreso Nacional, en dos Cortes de Almirantazgo -la de Angostura, sobre el Orinoco y la de Margarita en Juan Griego.

Dichas cortes estaban reguladas -para el dictamen de sus sentencias- por un Reglamento Provisional que constó de 18 artículos.

Juan Griego absorbió el movimiento corsario artiguista, formándose allí un importante mercado abastecedor de mercaderías portuguesas y españolas a muy buen precio, que eran llevadas a Estados Unidos -según las estrategias rescriptas anteriormente- donde les permitían ingresar libremente por las aduanas.

Hubo sin embargo dos jefes navales venezolanos -Brion y Jolly- que plantearon conflictos a los corsarios que actuaban con patentes de nuestro caudillo.
Brion pretendía visar las patentes de los capitanes corsarios previo a que éstos actuasen en el Caribe, actitud a la cual se opuso el presidente de la Corte, quien era miembro también del Supremo Poder Judicial.

Otra documentación incontrastable en que se manifiesta la posición venezolana ante el problema del corso artiguista es uno de los 37 artículos de las instrucciones dadas a los Comisionados del Congreso de Venezuela ante la Corte de Londres para buscar los medios de argumentar sobre la lucha por la independencia de ese país y el de Nueva Granada. En el artículo 26 de estas instrucciones se leía:

"Si el General Artigas tuviese algún Agente en la Corte Británica será tratado con la consideración que merece un Jefe irreconciliable con la tiranía española, se hará cuanto sea posible por la reunión a las Provincias de Buenos Aires y por su reconciliación con el director de ellas. Los corsarios armados por Mr. Jolí con bandera de Venezuela han regresado y conducido a Margarita algunas presas hechas por los del General Artigas. Allí se han vendido y depositado su producto hasta averiguar la legitimidad de las patentes de los apresadores; pero una vez que son respetados por los buques británicos y sus Almirantes, se verificará su restitución. A ese intento se han dado en El Correo del Orinoco las publicaciones correspondientes: y el Gobierno actual de Venezuela no ha aprobado ninguna de estas represas. Será una satisfacción para Artigas y sus Agentes y un medio de provocar más eficazmente su concordia y reunión con Buenos Aires. En tal caso evacuarán los Portugueses Montevideo y sería incorporado en la unión de las Provincias del Río de la Plata".[3]

Las autoridades venezolanas mostraron entonces un apoyo total al general Artigas, evidenciando una identidad con los ideales de su causa, mientras se dejaba asentada la completa desaprobación a los procedimientos de los citados jefes navales (tema que quedará totalmente explicitado en el resultado de los juicios que se expone más adelante).


Hacia el fin


El 20 de abril de 1820 se dictó en Washington otra ley que establecía disposiciones específicas respecto de la neutralidad de Estados Unidos, que obedeció sobre todo a las presiones ejercidas por las naciones agredidas: España y Portugal, y que básicamente tendía a obstaculizar el corso rioplatense.
Fue importante también en este período el papel que jugó la prensa en el tema.

Se podría observar que los periódicos del Norte en particular manifestaban la
tendencia de una crítica severa, buscando la protección de intereses comerciales y en defensa de relaciones de política internacional que creían debían regir al país.

Los defensores de la prédica de Adams, anticorsaristas por convicción e interesados como el Secretario en que se concretaran las gestiones del Estado para la compra de los territorios de la Florida -indispensables para la expansión hacia el Sur-, apoyaron y favorecieron todas las medidas tendientes a terminar con el corso rioplatense que, partiendo de la costa norteamericana, afectaba en grado sumo al comercio español (propietario entonces del territorio en cuestión).

En contraposición encontramos los sectores que se manifestaban favorables a la doctrina predicada por Henry Clay en el Congreso, integrados en la práctica tanto por autoridades como particulares que se movían alrededor de la empresa corsaria.

El portavoz de esta tendencia fue especialmente la prensa de Nueva York al Sur, en general proclive a la causa corsaria y al movimiento de insurrección encabezado por el caudillo oriental. Muchos de estos medios se fueron comprometiendo en un estudio profundo de la situación política, que contribuyó en difundir su sentido, así como en la formación de un "concepto" defensor de las ideas independentistas propias del "sistema americano", antagónico al europeo.

En este sentido fueron también importantes los seguimientos de los juicios por piratería, el estudio de las apelaciones, teñidas con la filosofía que defendían, la trascripción de las sentencias acompañadas por fundamentos de gran peso político e importancia teórica. Más allá de las controversias, lo relevante fue el logro, al despertar el interés general por el tema, popularizando el problema y sus distantes y -ya no desconocidos- involucrados.

En medio de las polémicas el 15 de mayo de 1820 una nueva ley concretó una medida dirigida a excluir a Baltimore como puerto corsario.

El puerto de Baltimore y el de Savannah eran dos reductos en los cuales se puede asegurar fehacientemente que toda legislación contra la práctica corsaria había sido "letra muerta", estableciéndose tácitamente la inmunidad del corso que continuó ejerciéndose a espaldas de la ley.

El ciudadano común, sobre todo en la primera de estas ciudades, no dudaba en expresar que el corso era de interés general y un factor preponderante para el desarrollo.

Se ha puesto de manifiesto que además de personas distinguidas que participaban activamente en el corso, había autoridades de jerarquía involucradas en el armamento de corsarios -tales como el jefe de Correos o el recaudador del puerto.

Por otro lado las autoridades judiciales actuantes en los Tribunales de Justicia desconocían al Congreso la facultad de cambiar mediante leyes las disposiciones establecidas en la Constitución.

Algunas pautas podrían hacer pensar que en realidad todas las medidas tomadas por el Ejecutivo norteamericano eran -para la mayoría de los legisladores- más una pantalla para evitar la protesta internacional que medidas conducentes a erradicar verdaderamente el problema del corso.

El caso del juez Teodorico Bland, decidido partidario de la causa independentista sudamericana y quien veía al corso como un medio lícito de lucha, fue uno de los ejemplos más claros en ese sentido. Cuando dicho funcionario fue nombrado como Juez del Distrito del Estado de Maryland, el Procurador General de Estados Unidos aludió a este hecho como "un permiso general de los corsarios para actuar", pero a pesar de estas protestas y de conocerse la posición de Bland, se mantuvo su nombramiento.

Se puede observar que en todos los puertos norteamericanos la simpatía y el apoyo por la empresa corsaria y la causa que la motivaba se patentizaron en hechos como la posición de los jurados encargados del dictamen en los pleitos y hasta en los discursos de los mismos congresistas -a pesar de las leyes sancionadas en ese ámbito.

Analizando la situación en forma global podríamos concluir que entre 1817 y 1821 la situación en Estados Unidos fluctuó entre estos dos polos opuestos, impidiendo que el sentimiento por la causa independentista llegara a traspasar los límites controlables comprometiendo la neutralidad de su país y tratando de que las reclamaciones diplomáticas no inhibieran la libertad de acción del Ejecutivo.

En base a sus lineamientos se puede decir que el gobierno de Monroe mantuvo una política de efectos básicamente desfavorables para el artiguismo. Las sucesivas leyes sobre el corso obstaculizaron la única fuente de recursos, pero su relativo cumplimiento resintió en ambos sentidos el prestigio de la Unión.


El período en el Plata


Paradójicamente, cuando la situación del caudillo oriental iba perdiendo terreno, muchos comerciantes ingleses radicados en Buenos Aires, capitanes corsarios conocidos y aun los oficiales británicos en actividad, apoyaron mayoritariamente la causa artiguista.

En enero de 1820, por ejemplo, el oficial a cargo de las fuerzas navales -capitán Frederick Maitland- solicitó a Lecor la entrega del marinero John May, que había sido apresado. Ante el requerimiento Lecor contestó que ya había dado orden al vicealmirante de su flota para que verificase la devolución del citado prisionero, pero justificaba la aprehensión agregando que el marinero iba guiando al teniente de la Real Marina Inglesa -Walkin William Litle- a las huestes artiguistas, a las que iba a unirse.

De la misma forma algunos capitanes -como Jorge Ross- se lanzaron en crucero contra las naves portuguesas en las zonas del Plata superior y en el río Uruguay.
Informes sobre las acciones, unidos a la denuncia de que el citado Ross se hallaba armando cuatro lanchones para actuar en el río Uruguay, acrecentaron fundadamente la alarma de Lecor que planteó el hecho ante el jefe de la estación naval inglesa, solicitando el castigo correspondiente.

En 1820, justamente, se efectuó el relevo en la jefatura de la mencionada estación británica, sustituyéndose al ya conocido comodoro Bowles por el comodoro Thomas W. Hardy, quien de inmediato fue asediado por Lecor, esperando encontrar la misma colaboración que -según decía- le había prestado Bowles.

En febrero de 1820 el Tratado del Pilar había tenido por consecuencia una intensificación de la campaña corsaria.

En setiembre de dicho año se comprobó un claro impulso de los cruceros en el litoral Norte brasileño, lo que se patentizó en las documentaciones lusitanas (se registraba la noticia de que en ese mes una nave corsaria había hecho nada menos que 22 presas, sin que se precisaran el nombre de la misma ni otros detalles).

Los arbitrios a fin de paliar los ataques corsarios llevaron al alistamiento de una nave particular en Bahía -el bergantín "Ulises"- bajo el mando del capitán teniente Felizardo Antonio de Sa Miranda.

El "Ulises" y la corbeta "María da Gloria" zarparon en procura de capturar a los corsarios que cruzaban los puertos brasileños, consignándose que las tripulaciones tenían asignados premios en el caso de recuperar naves o cargas que éstos hubiesen logrado.

Hacia los últimos meses de 1820, si bien van a efectuarse cruceros importantes, el número de corsarios en el litoral brasileño tendió a decrecer.

Se hace constar que -al igual que en los otros períodos- el hecho de los apresamientos se presentaba confuso e incluso que hubo presas que no correspondían exactamente a ninguna de las naves que estaban actuando en esa zona.

Era entonces que Artigas abandonaba su campo de lucha y se retiraba a Paraguay.

Su pabellón y sus patentes le hacían todavía el guía de decenas de corsarios que eran como portavoces de su ideología en desafío a la opresión bajo los cielos del mundo.

Los corsarios prosiguieron sus campañas sin importar los cambios políticos que
habían acaecido en el Río de la Plata, apareciendo como -poéticamente los describió el Prof. Beraza- "el eco de la rebeldía del gran caudillo".


Últimos corsarios. Repercusiones diplomáticas


Si bien es cierto que en 1821 los corsarios terminaron la gestión, hubo casos aislados que continuaron haciendo flamear el orgulloso pabellón tricolor hasta avanzado ese año.

Esta última campaña (1820-1821) se distingue además por haberse extendido la ruta de acción de los corsarios, penetrando en el Mediterráneo (cruceros del "Argentino" y "General Rivera").

Pero lo que deseamos tratar en esta etapa concluyente son las gestiones diplomáticas cuyos actos, en las cancillerías y en los tribunales de Justicia, dilataron la controversia corsaria.

El origen de dichas gestiones se dio en la actitud -que ya adelantamos- del jefe de la escuadra venezolana, almirante Brion.

Decidido a tomar medidas para asegurar el normal desarrollo de los cruceros en las Antillas, llegó a exigir -sin ningún respaldo legal- que las patentes fueran refrendadas por él para que los corsarios pudieran actuar en aguas de Venezuela y Nueva Granada. Así tomó buques que arbolaban el pabellón artiguista, llevándose éstos o sus presas a Margarita, donde debieron hacer frente a la acusación de piratería formulada por el citado almirante.

Los capitanes -Doutant, del "Gran Guaycurú"; Juan Dañéis, del "Irresistible"; J. Morgdrige, del "Ligero", nave propiedad de Dañéis; Juan Clark, de la "Fortuna"; y A. Bond, de la "Constancia"- sustentaron sus reclamaciones ante el Estado, iniciándose pleitos dilatados cuyo fallo final significó el reconocimiento por parte de Venezuela de que los apresamientos de Brion habían sido ilegales y los embargos estaban viciados de nulidad.

Implícitamente esa sentencia suponía un doble reconocimiento: el derecho de Artigas a armar corsarios, y el del Estado oriental, en uso de sus facultades soberanas, independiente de hecho y de derecho, que revestía a los barcos que navegaban con patente y bandera artiguistas de las inmunidades que poseían las naves de las naciones libres que salían al corso.

La causa de Doutant tuvo definición a su favor en 1829 ante la gestión de nuestro gobierno. Los demás casos antedichos, cuyas tramitaciones fueron impulsadas por el gobierno estadounidense ante el colombiano, llegaron hasta 1846. En esta fecha se llegó a una solución satisfactoria para los demandantes que significó la restitución de los montos obtenidos por la venta de las naves y sus cargamentos, depositados en el Tesoro del Estado, pero sobre todo fue para la causa, la justa ratificación moral.

La resolución dejó establecido el derecho de los cuatro capitanes corsarios artiguistas, aunque se hizo una declaración oficial de abandono de todo derecho a la parte de nuestro gobierno (beneficios que establecía el artículo 3° del Reglamento de Corso).

De esta manera, más de 20 años después, se cerraba el último capítulo del corso artiguista.


Balance general del corso artiguista

Convencido Artigas de que la maquinación urdida en Rio de Janeiro y plasmada en el avance sobre la Banda Oriental estaba destinada a aplastar a la República como sistema político, y que desde Buenos Aires las clases dirigentes apoyaban el plan, decidió llevar a cabo los sacrificios necesarios para evitar que esos caros ideales fueran avasallados.

La posición vulnerable del Protectorado y sus escasas posibilidades de éxito en el enfrentamiento paralelo con los ejércitos porteños y los efectivos portugueses, veteranos de la guerra contra Napoleón, no le hacían alentar esperanzas en el futuro de la causa, pero su empeño y el de sus hombres constituyeron el mejor tributo en defensa de sus conceptos políticos.

Con los elementos a su alcance el caudillo oriental improvisó procedimientos para disputarle terreno al invasor, pero en el mar los corsarios constituyeron la otra cara de ese ejército tesonero.

De acuerdo a todo lo expuesto, el azote constante que ejercieron los corsarios sobre la navegación de ambas naciones europeas influyó indiscutiblemente en el conocimiento y la difusión de la causa del general Artigas.

El tratamiento de las consecuencias derivadas de la acción naval de los corsarios, que motivó extensos debates en Estados Unidos; las polémicas en congresos internacionales; el apoyo de distintos gobiernos y los veredictos tardíos respecto de las conductas tomadas frente a sus acciones, contribuyeron al reconocimiento de los derechos de la nueva República y de su estado de beligerancia con las potencias mencionadas.

La reivindicación de sus campañas corsarias, ubicadas en un ambiente de guerra -así como que España autorizó también el corso (que verificó en operaciones realmente catalogadas como de piratería)-, permite apreciar el mérito de aquellos que actuaron por identificación con los ideales republicanos de los que don José Artigas fue encumbrado defensor.

A pesar de las presiones ejercidas en diferentes ámbitos, el cese efectivo del corso llegó recién en octubre de 1821, después de ser ejercido en gran escala y haber jugado un rol fundamental en el esfuerzo por anular las pretensiones colonialistas españolas y desgastar el propósito del invasor portugués de alcanzar la frontera natural de sus dominios.

La derrota artiguista significó el triunfo de los principios republicanos, su enfrentamiento dispar potenció la soberanía de los pueblos del Plata. Su retirada no marcó la decadencia de la doctrina sustentada sino que, por el contrario, ésta se hizo firme en las libertades provinciales. Triunfó la independencia frente a las pretensiones de colonialismo de España y Portugal, la república frente a la monarquía, la federación frente al centralismo. El papel que le cupo al corso en el proceso es indiscutible.

Por último debemos reconocer como realmente meritoria la tarea llevada a cabo por nuestro recordado profesor y amigo don Agustín Beraza, quien despertó el interés por este tema fundamental en la historia de las incipientes naciones americanas.

Es importante también resaltar la calidad de la investigación verificada por Horacio Rodríguez y Pablo Arguindeguy, cuya obra sobre el corso rioplatense es un ejemplo de profesionalismo que extenúa la investigación en los más variados repositorios de fuentes: archivos de ambas orillas, la más variada prensa de los puertos americanos y la bibliografía especializada de nivel indiscutible. Estas obras, junto a las de Griffin o Chandier e incluso las Memorias del propio John Quincy Adams, han servido para que el corso artiguista reivindique su verdadera e importante dimensión.


Notas:

[3]. Urrutia, Francisco. "Páginas de Historia Diplomática. Estados Unidos de América y las repúblicas Hispano Americanas de 1810 a 1830". Bogotá. 1917. Pág. 118-210. Cit. en Beraza, pág. 172.

Bibliografía:

-Adams, John Quincy. "Memorias. 1795-1848". Edit. por Charles F. Adams. Pub. por J.B. Lippincot & C°. Philadelphia, Pennsylvania. 1875.

-Bealer, Lewis Winkler. "Los corsarios de Buenos Aires. Sus actividades en las guerras hispano-americanas de la independencia. 1815-1821". Facultad de Filosofía y Letras. Pub. del Instituto de Investigaciones Históricas. N° LXX1I. Imp. Coni. Bs. As. 1937.

-Beraza, Agustín. "Los corsarios de Artigas". Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos. Unidad Reprotécnica del Ministerio de Educación y Cultura. Montevideo, 1978.

-Chandier, Charles. "Inter-AmericanAcquaitances". The University Press of Sewanee Tennessee. 1917.

-Destefani, Laurio. "Campañas corsarias de 1818 a 1825"- En Historia marítima argentina. Tomo V. Imp. Buenos Aires.

-Griffin, Charles. "El corso desde Baltimore durante las guerras de la independencia hispano americana". Revista Histórica de Maryland. Tomo XXXV. Marzo, 1940.

-Martínez Montero, Hornero. "La flota mercante artiguista de 1815-1816". El Día. Suplemento. Año XXIII. No 1127. Agosto 22 de 1954.

-Pivel Devoto, Juan. "Los corsarios de Artigas en nuestros Anales Diplomáticos. Contribución documental". Materiales para la Historia Diplomática del Uruguay. Apartado del Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomo II. Nos 4-5. Imp. Nacional. Montevideo, 1933.

-Rodríguez, Horacio - Arguindeguy, Pablo. "El corso rioplatense". Instituto Browniano. Buenos Aires, 1996.




Los corsarios de Artigas

Lic. Cristina Montalbán
Asesora de Dirección del Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos. Museo Naval. Armada Nacional. Montevideo.

Garibaldi Nº 19 - Montevideo, 2004
Asociación Cultural Garibaldina de Montevideo

LOS CORSARIOS DE ARTIGAS PARTE 2 LIC.CRISTINA MONTALBAN




Las protestas de España y Portugal. La obligada neutralidad de Estados UnidosLos corsarios de Artigas - 2Lic. Cristina MontalbánEXTRAIDO DEhttp://letras-uruguay.espaciolatino.com/montalban/los_corsarios_de_artigas2.htm

Tanto España como Portugal trataron de improvisar soluciones en procura de paliar las costosas pérdidas que les representaban los ataques corsarios.

El comercio español, que había constituido el blanco inicial, fue barrido del océano y pronto se observó que eran inútiles las estrategias de transferir sus naves a matrículas extranjeras, los esfuerzos por constituir una fuerza naval eficiente que resguardara sus unidades mercantes e incluso el recurso de armar sus propios corsarios.

La acción, cada vez más devastadora contra el comercio de ambas naciones ibéricas, provocó un notable movimiento diplomático, acrecentándose las protestas ante Estados Unidos.

Los americanos nunca habían estimado a los españoles, y por otro lado su ideología los llamaba a apoyar la causa que tenía como bandera los conocidos ideales de libertad e independencia. De acuerdo a ello las denuncias del ministro Onís no fueron tomadas con demasiada simpatía, llegándose incluso a solicitar su destitución cuando los reclamos eran hechos en tono demasiado imperativo.

Las protestas hispánicas ante el Congreso invocaban la aplicación del Tratado Pinkney (de 1795), mientras por otro lado conjuntaban todos los datos relacionados con el armamento en corso de la nave, contratación de tripulaciones, etcétera, los que, presentados como declaraciones juradas, servían como fundamento para iniciar una investigación, previa a la acusación judicial por violación a la ley de neutralidad.

El apresador era de inmediato demandado, exigiéndose la devolución de presa y carga bajo la acusación de piratería.

El caso del ministro portugués era sensiblemente diferente. El cargo era ocupado por el abate José Correa da Serra, botánico con reconocida autoridad científica internacional, que gozaba de prestigio personal y vinculaciones que iban desde el mismo presidente Monroe a otros políticos de primera fila como Jefferson y Madison.

Esta influencia le fue de valiosa ayuda cuando en 1817 los corsarios artiguistas dejaron el ámbito platense para lanzarse al océano, localizándose sus bases en los puertos de la Unión.

A principios de 1817 las reclamaciones del ministro portugués se plantearon en el sentido de que las naves eran armadas públicamente, disimuladas bajo el aspecto comercial y patentizando la insuficiencia de las leyes de neutralidad del momento.

La innegable influencia del ministro Correa instigó ante Monroe el tratamiento de la enmienda (sobre todo con respecto al armamento de corsarios en los puertos americanos) y posteriormente informó a la Comisión Legislativa encargada de estudiar la modificación de la ley.

La enmienda para impedir que se violase la neutralidad del gobierno -a pesar de la brillante campaña en reivindicación del derecho de las provincias insurreccionadas a ser libres, efectuada por el representante de Kentucky, Mr. Clay- fue aprobada el 29 de enero y promulgada el 3 de marzo de 1817.

A pesar de haberse sancionado la "ley de neutralidad", la preocupación de las Cámaras estadounidenses por la situación política del Plata se observó en varios debates realizados a fines del mismo mes de marzo. Con abundante documentación, el representante de Mississippi -Mr. Poindexter- explicitó la posición bonaerense y las actitudes del gobierno de Pueyrredón, mientras que el representante de Maryland -Mr. Smith- analizó la lucha artiguista en simultaneidad con Buenos Aires y Portugal, calificando al general oriental como "en verdad un republicano".

El secretario de Estado John Quincy Adams distinguía el corso que había ejercido su propia nación del que se ejercía entonces por parte de las hispanoamericanas, acentuando su crítica en los medios irregulares de enganche y la degeneración de las reglas, que eran rotas en forma flagrante y que llevaban en la práctica a la piratería.

Su oposición puso en vigencia una serie de proclamas presidenciales e incluso leyes efectivas, pero la mayoritaria opinión pública y el hecho directo de agentes federales locales involucrados, hicieron difícil hacer efectivo su reclamo de "neutralidad estricta" y transparencia de imagen. Estados Unidos no debía juzgar sobre la justicia de la situación, aunque imparcialmente se reconociera la ilegitimidad de los derechos de España y Portugal en la situación creada en la provincia Oriental (sobre todo con respecto de este último, quien ni siquiera poseía la pretensión que, como sus antiguos súbditos, España podía alegar contra los revolucionarios sudamericanos).

El propio presidente Monroe tenía una óptica mucho menos tajante que la de su secretario respecto de la empresa corsaria. Para él tenía mucha importancia la opinión favorable de la masa norteamericana, favorable a la causa de los revolucionarios.

Pesaron también en su consideración las argumentaciones del Congreso, a pesar de las leyes aprobadas, así como la amenaza de las potencias atacadas -Portugal y España- cuyas reclamaciones llegaron -en ocasiones- a provocar tal tirantez que insinuaron un enfrentamiento más grave que el de la vía diplomática.

Fruto de sus presiones y de la línea de pensamiento de Adams se aprobó entonces la pena por el armado de buques corsarios de 10 años de cárcel y 10.000 dólares de multa, pudiendo los recaudadores de los puertos detener a aquellos buques que se supiera tener este propósito o cuya carga consistiera en armamento.

En 1817 el ministro da Serra logró que se le concediesen devoluciones de presas portuguesas, pero su influencia decayó debido a la represión del movimiento revolucionario estallado en Pernambuco el 6 de marzo de 1817, que implicó el asesinato de todos los líderes del mismo. Dicha rebelión, inspirada en movimientos independentistas como el norteamericano, el rioplatense y el venezolano, era vista con simpatía por el gobierno de Estados Unidos, y su desgraciado final tuvo como consecuencia la discrepancia entre Monroe y el representante portugués.

Esta situación coincidió con el pasaje de corsarios bonaerenses a la bandera artiguista, con la intensificación consecuente de los ataques a naves portuguesas en las rutas del océano, y como resultado las consiguientes considerables pérdidas para las plazas de Rio de Janeiro, Bahía, Pernambuco, Lisboa y Oporto.

Es importante establecer además cómo influyó en el tema el Congreso de Aix La Chapelle reunido en 1818. En el encuentro internacional se planteó la compleja situación de las colonias españolas, mientras por otro lado se presentaba el enfrentamiento entre Portugal y las fuerzas artiguistas. El criterio europeo era que correspondía a España terciar en el asunto porque eran sus intereses los que habían sido vulnerados, dejándose en un segundo plano el problema de las luchas de las colonias por su independencia.

Este punto constituía la discrepancia con Estados Unidos pues las instrucciones enviadas por el secretario Adams indicaban que la argumentación que las potencias europeas hicieran en defensa de los intereses de España no lo harían apoyadas en ningún principio ni derecho, porque las colonias -como parte contendiente en una guerra civil- tenían el mismo derecho que España, y las demás potencias estaban obligadas a respetarlo.

Si bien el criterio ideológico expuesto por Adams no coincidía con el de las potencias, el punto de contacto se hallaba en que no podía permitirse la tolerancia del gobierno de Estados Unidos a los actos de piratería que los insurgentes practicaban contra las banderas de las dos naciones europeas.

Las presiones en reclamo de neutralidad que el gobierno norteamericano intentaba implantar llevaron a que en la práctica las acciones corsarias se hicieran más disimuladas: el pabellón artiguista era arbolado ya en alta mar, y en cuanto a las presas, se adoptó el procedimiento de efectuar el trasbordo de la carga, incendiando luego la presa y derivando las mercaderías con papeles fraguados a los puertos de la Unión.

Tal medio sin embargo no resultaba rentable: por un lado se perdía la presa y por otro el trasbordo dependía de la escasa capacidad de la bodega del corsario.
Baltimore, puerto preferencial por el porcentaje de aporte en naves, capitanes y tripulaciones, continuó siendo un bastión corsario, sobre todo para la reparación y reaprovisionamiento.


La estrategia en el Río de la Plata

Acompasando estos movimientos en el ámbito internacional, la política portuguesa desarrolló una serie de acciones en el Río de la Plata.

Lecor, aislado en Montevideo, se lamentaba en febrero de 1818 de que "un hormiguero de corsarios" tenía prácticamente cortada toda comunicación por mar con Brasil, y que provocaba pérdidas sin cálculo por los mercantes que caían en su poder.

En el ámbito del Plata, el uso de la doble patente provocó una gran tirantez en las relaciones entre Pueyrredón y Lecor, que por necesidades bilaterales no se llegaron a manifestar.

Es de hacer notar que las protestas y quejas se presentaban ante el gobierno bonaerense, dado que si se hubieran dirigido a Artigas hubieran implicado el reconocimiento de éste como Jefe de Estado y el de la Banda Oriental como una nación (como ocurrió con la firma del convenio de comercio con Inglaterra). Ello traería como consecuencia que los corsarios artiguistas no podrían ser ya considerados como "piratas", como los calificaban las autoridades portuguesas, y que ya no se podría usar este argumento fundamental para que se cuestionara jurídicamente al corso oriental.

Paralelamente Lecor presionó diplomáticamente al comodoro William Bowles, reclamando, entre otros asuntos, por el servicio de ingleses en las fuerzas orientales e incluso por la vigilancia ejercida sobre las naves portuguesas que bloqueaban los puertos artiguistas. Al parecer las gestiones no resultaron desfavorables y había quedado satisfecho por las providencias que había tomado Bowles.

Con respecto al cónsul Halsey -considerado principal responsable del nexo con los corsaristas de Estados Unidos-, Lecor y Pueyrredón determinaron su acusación ante el gobierno de dicho país.

Ese procedimiento buscaba además fines ulteriores: el escándalo diplomático -para eliminar un elemento peligroso del ámbito bonaerense- y desmerecer el prestigio de Artigas.

La prueba fundamental contra Halsey cristalizó en enero de 1818 y se basó en unas patentes en blanco enviadas para una nave que se estaba armando, incluyendo la del capitán, cuatro tenientes y seis para oficial de presas. Las patentes habían sido enviadas a De Wolfe -en Bristol- con la recomendación de que si no pensaba hacer uso de ellas las mandara al general Smith y su socio, Mr. Buchanan, en Baltimore.

Este último -indignado- fue quien las hizo llegar al Departamento de Estado, considerando que era un atentado contra el honor de la firma que representaba.

Posteriormente se logró probar además que el cónsul percibía 5 por ciento de las ganancias de los buques para los que él obtenía patente de corso.

Se debe hacer constar que la conducta sobre la venta de tales patentes era común y, según se ha comentado oportunamente, se había obrado en igual sentido con las patentes en las Provincias Unidas, pero esta denuncia en el especial momento diplomático y ante el receptivo secretario Adams, tuvo el eco deseado.

Finalmente la comisión de Halsey como cónsul fue revocada el 22 de enero de 1818, aunque continuó en servicio hasta que llegó su relevo.

Muchas fueron las gestiones de Halsey ante el citado secretario para persuadirlo, primero de no destituirlo y luego de que volviera a nombrarlo en el cargo, pero sin éxito. A pesar de no ejercer ningún cargo oficial, sus cuantiosos negocios -entre los que se contaba una gran hacienda de cría de ovinos de raza importados de Estados Unidos- lo mantuvieron en Buenos Aires.

No pasó mucho tiempo sin que Adams recibiera noticias de que G. Worthington, el relevo nominado, estaba también involucrado en negociaciones corsaristas, designando entonces para el cargo a David De Forest (un comerciante americano que se había establecido durante algún tiempo en Buenos Aires, que había sido asimismo uno de los primeros en invertir capitales en buques corsarios, contándose entre sus socios el conocido capitán Taylor).

Como complemento de la estrategia diplomática porteño-lusitana se instrumentó una campaña militar en la Banda Oriental, cumpliendo con varios propósitos, entre los cuales sobresalían alcanzar la unión con las fuerzas de Curado que habían quedado aisladas en Misiones desde el comienzo de la invasión y arrebatar los puertos al artiguismo.

Con la complicidad del gobierno bonaerense que buscaba también eliminar al caudillo; se lograron la derrota de su escuadrilla por fuerzas portuguesas al mando de Senna Pereira y la caída de los puertos de Paysandú, arroyo de la China, Purificación, ocupando el general Pinto Correa la margen izquierda del río hasta Mercedes.

Cumplido el objetivo, Portugal renovó sus reclamaciones con el propósito de que Estados Unidos mantuviera una real neutralidad, alegando que Artigas había perdido -al perder sus puertos- la capacidad de otorgar autorizaciones de corso y que las patentes ya expedidas eran nulas.

Ello llevó a que se ampliara la legislación en contra de los corsarios, dictándose disposiciones complementarias que trataban en particular sobre el reclutamiento de tripulaciones en los puertos americanos y los actos en el mar que violaban la ley de neutralidad estadounidense.


Una etapa de auge


En general se puede constatar que en el correr del año 1818 el puerto de Buenos Aires fue abandonado, derivando el armamento que se hacía en el Río de la Plata a los puertos de la costa Este de América del Norte, a pesar de las sucesivas leyes que trataban de erradicar la práctica corsaria.

Asimismo se produjo el abandono mayoritario de la patente de las Provincias Unidas, quedando los corsarios exclusivamente bajo bandera artiguista. Este hecho estuvo determinado por varios factores: los prejuicios evidenciados en su Tribunal de Presas (en el que todas las capturas portuguesas eran declaradas "malas" o "ilegítimas" y por lo tanto devueltas), la posición del gobierno porteño con respecto a la situación dada en la Provincia Oriental, las medidas adoptadas contra el cónsul Halsey, las acciones frente al gobierno estadounidense, etcétera, que colaboraron a provocar una reacción en los corsaristas, que se fueron alejando de esta causa.

Fue quizás el año 1818 la etapa más álgida, pudiéndose verificar que hubo un auge de sus acciones tanto en el Atlántico Norte como en el Caribe, provocando que el comercio español y portugués vieran su situación muy comprometida.

Incluso a pesar de las contingencias negativas ocurridas en el Plata, hacia el fin de 1818 -noviembre y diciembre- las operaciones corsarias en el litoral de Brasil se multiplicaron, existiendo registros que prueban numerosas capturas (en los que no figura el nombre del corsario que las había verificado).

Si bien en un principio se trató por parte de las autoridades de quitar importancia al problema, ante el cariz que tomaba la situación, zumacas, bricks, lanchas y hasta balsas patrullaron la zona en busca de paliar el acoso a los navíos portugueses.

La navegación en convoy fue otro de los recursos, anunciando a los comerciantes, mediante edictos, la partida de los mismos.

La incapacidad de controlar a los corsarios y el estado de desaliento que ello provocaba fueron trasmitidos por la prenda lusitana, que en medio de lamentos y quejas amargas pintaba el oscuro panorama.

Según el agente del Lloyd's en Buenos Aires, se estimó que -en agosto de 1818- llegaban a un centenar las patentes otorgadas por Artigas, mientras que Destefani las hace llegar a 170 y Rodríguez-Arguindeguy, sin arriesgar cifras sugieren que con los avances de la informática se facilitará la ubicación de las documentaciones en los repositorios más lejanos, pudiéndose así dar una versión acabada de la lucha librada por los corsarios en ríos y mares por la causa de la independencia americana.

La audacia de los rápidos veleros llevó a que los mares del mundo se volvieran cada vez más inseguros para los poderosos navíos portugueses y españoles, los cuales no podían escapar de su acoso ni siquiera navegando escoltados por buques de guerra.

Las autoridades españolas buscaron otra solución al problema: autorizaron también el corso, realizándolo en forma indiscriminada, es decir sin ningún respeto por banderas neutrales e incluso atacando a buques mercantes británicos que comerciaban en la zona de las Antillas, a lo que Inglaterra contestó con duras medidas de represión.

El Prof. Beraza marcaba la zona abarcada desde principios de 1818 por el corso de bandera artiguista: en el hemisferio Norte presentaba los puntos neurálgicos de Baltimore, Bermudas, Azores, Finisterre, el litoral hispano-portugués hasta Gibraltar, seguía luego hacia Madera, Canarias y Cabo Verde, con una prolongación por el litoral africano hasta Angola; en el hemisferio Sur se presentaba el punto de arranque en el Río de la Plata, continuando por el litoral atlántico de la Provincia Oriental y Brasil, hasta el Cabo Blanco, cerrando el circuito en Cabo Verde.

Dichas zonas estaban determinadas por las rutas del comercio de ambas naciones ibéricas, aunque debemos hacer notar que muchas veces no sólo contaba como valiosa la carga incautada, sino que también era importante la correspondencia oficial -que en razón de la vulnerabilidad patentizada se hizo usual que fuera derivada a buques de bandera neutral-. Esta noticia nos da la pauta del respeto a estas naves, desmintiendo las informaciones sobre ataques indiscriminados de que eran acusados los corsarios en reiteradas ocasiones.

En 1819 el corso bonaerense seguía perdiendo proyección y sus capitanes continuaban pasando a la bandera del Protector con patentes obtenidas de los socios de Halsey, o en Baltimore (aun cuando las medidas radicales tomadas por el gobierno obligasen a efectuar los cruceros en forma más reservada).
Desde Montevideo Lecor insistía ante sus superiores en el tema de la insuficiencia de su escuadra, en procura de no dejar crecer más el poder corsario y asegurando sería el único medio para afirmar verdaderamente el poder en el Río de la Plata.

Muchos documentos, que denunciaban la multiplicación del corso, sobre todo en la costa brasileña, adjudicaban a su vez la mayor parte de culpa a la escasez -o precariedad- de medios y socorros que se enviaban desde Río para vigilar la costa del Norte.

Una comunicación del gobernador de Pernambuco al conde dos Arcos le informaba que la goleta "Velha de Dio" -destinada a custodiar la zona- estaba en clara desventaja ante las fuerzas que debía enfrentar, reclamando el envío de fragatas, únicas con el poderío suficiente para imponer orden en la navegación de esa costa. A fines de enero de 1819 se unió a la goleta citada la corbeta "Princesa Real", proponiendo el cuerpo de comercio efectuar una suscripción para comprar otras naves. Se adquirió entonces la goleta "Voluntario", a la que se agregó posteriormente el bergantín "Audaz" y, siguiendo el consejo del director de Marina de la Capitanía, se armaron varias lanchas con piezas de a 12 -capaces de operar en aguas poco profundas- para la defensa de la costa cercana al puerto.

En setiembre los informes denunciaban que las naves mayores no daban abasto para cumplir sus misiones y muchas veces sufrían duros ataques corsarios que las dejaban inactivas por períodos extensos, no cesando los reclamos por las fragatas -o al menos una fragata y un brick- para defender la costa y asistir al comercio que se encontraba prácticamente paralizado, no pudiendo zarpar ni un barco pequeño entre puertos cercanos.

Esta paralización, incluso de la navegación de cabotaje, significaba en concreto el éxito de la estrategia artiguista.

Por fin se produjo el envío de la reclamada fragata: la "Uniáo" que llegó a Recife el 14 de noviembre, comenzando de inmediato su patrullaje.

Los resultados no se hicieron esperar, el puerto se vio "más libre" de corsarios, aunque se informaba que los mismos continuaban efectuando ataques cerca de la costa de Ceará.

Al igual que en 1818, se constató una real dificultad para establecer el número y los detalles de las naves que salieron en corso con patente del Protector. Se puede asegurar que también en 1819 existió un número importante -aunque no cuantificado- de corsarios que no han podido ser individualizados, constando sólo algunos de estos buques que aportan en los registros una abundante lista de apresamientos.


Los corsarios de Artigas
Lic. Cristina Montalbán
Asesora de Dirección del Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos. Museo Naval. Armada Nacional. Montevideo.

Garibaldi Nº 19 - Montevideo, 2004
Asociación Cultural Garibaldina de Montevideo

Los corsarios de Artigas parte 1 .Lic Crisitna Montalban







La situación rioplatense. El recurso del corso. Sus inicios
Los corsarios de Artigas - 1
Lic. Cristina Montalbán



Artículo extraído de : http://letras-uruguay.espaciolatino.com/montalban/index.htm



Ante el anuncio de que España preparaba una expedición de reconquista, las Provincias Unidas habían autorizado el corso contra esa nación desde 1815, expidiendo patentes al efecto.

Conformada la Liga Federal bajo la autoridad del caudillo oriental, y confirmado el apoyo de las seis provincias después del Congreso del Arroyo de la China (julio de 1815), se radicalizó la oposición al gobierno bonaerense, el que pugnó por imponer sus ideales centralistas y monárquicos.

La marcha del ejército de Viamonte sobre Santa Fe reinició las hostilidades, logrando algunos encuentros favorables, hasta que fue sorprendido por fuerzas artiguistas, las cuales lo derrotaron tomando prisionero a este general y sus principales oficiales.

A pesar de las profundas discrepancias políticas, la amenaza hispánica hizo que en la Banda Oriental se tomaran también providencias, decidiendo Artigas que los españoles residentes en Montevideo fueran remitidos a Purificación en prevención de una posible conspiración. Medidas en este sentido fueron asimismo aquellas comunicadas por el general Artigas al Cabildo, donde informaba del decomiso de naves de propiedad del enemigo; "Parten al mando del Cmte. Dn Juan Domingo Aguiar dos buques decomisados pr. propiedades Europeas y cargados con efectos de las mismas", agregando en otra posterior: "Con esta fha. paso ordn al comandte. de mar Dn Juan Domingo Aguiar pa q.edeposite en manos de V.S. los cargam. tos o productos de los dos buques q.e conduxo a este Puerto, con el fin q.e indiqué a V.S. (...) Los dos buques igualmente son propiedades de esta Prova. pr ser propiedades de Europeos. V.S. disponga de ellos como pareciere mas conveniente. Al menos uno podría venderse: si halla que el otro pueda ser útil pa. servo, del mismo estado puede dexarlo, o de lo contrario vender los dos...".[1]

Pero los porteños, con el pretexto de preservar la frontera libre de la anarquía del régimen implantado por Artigas, comenzaron a concretar el plan que implicaba la invasión portuguesa a la Banda Oriental.

Después del Congreso de Tucumán (reunido en julio de 1816 y al que no habían concurrido las provincias) los monarquistas alentaron el avance lusitano, que estaba motivado realmente en la reclamación secular portuguesa de los límites naturales.

En esta forma se complicó en grado sumo la candente situación rioplatense, poniendo de manifiesto los manejos porteños y comprometiendo el poder artiguista en una lucha contra diferentes y poderosos enemigos.


Los corsarios fluviales

En agosto de 1816 comenzó la invasión de las tropas portuguesas, destacándose las acciones verificadas contra los buques mercantes del enemigo por los corsarios orientales armados en Purificación, Colonia o Montevideo.

Ya a mediados de 1816 salieron desde Purificación los que fueron considerados por el Prof. Beraza los dos primeros corsarios artiguistas: los faluchos "Sabeiro" (o "Sabeyro") y "Valiente".

El primero había pertenecido a la flota española, actuando como aviso durante el bloqueo puesto a Buenos Aires por el Cap. Romarate.

Continuó luego al servicio de la flotilla montevideana y al caer la plaza pasó a poder de las autoridades bonaerenses, regresando a su conocido ámbito, donde revistaba en 1815 adscripto a la Capitanía del Puerto, siendo considerado por ello como buque de guerra.

Con patente de corso otorgada por el general Artigas, el "Sabeyro" junto al "Valiente" habían comenzado tempranamente su accionar, el que es informado por el propio Artigas en una nota al Cabildo de Montevideo de 27 de julio de 1816. La misma explicitaba que estas embarcaciones habían zarpado por el no Uruguay hacia arriba, dos días antes, ".. .bien pertrechados y provistos de gente para auxiliar del río nuestros movimientos por tierra...".[2]

Como característica fundamental podemos destacar que esos dos primeros corsarios fueron -según nuestro modesto criterio y según lo que se desprende de la comunicación- embarcaciones militares, de apoyo a las tropas terrestres.

Con respecto a aquellas naves que revistaron específicamente como corsarios, se estipularon los necesarios compromisos entre el Estado Oriental y los armadores y capitanes, ya que la documentación otorgada por las autoridades era la que -ante el derecho marítimo de guerra- hacía válidos la actividad del buque y sus apresamientos.

El gobierno de la Provincia podía conceder Patente de Corso a aquellos que manifestasen ante la autoridad competente la voluntad de enrolarse en calidad de auxiliares, poniendo al servicio del Estado su nave y tripulación contra el enemigo.

El compromiso debía ajustarse ante la Escribanía de Marina, la que franqueaba las posibilidades para el armado y aprovisionamiento de la nave, la cual era finalmente sometida a una inspección que la declaraba apta -o no- para el cometido a que se abocaría.

Como garantía del buen uso de los documentos que el Gobierno otorgaba se exigía un depósito en valores o la fianza personal. Los fiadores fueron por lo general comerciantes conocidos -especialmente norteamericanos e ingleses- que alentados por el éxito que alcanzaban los corsarios fluviales los respaldaron con su crédito.

El repositorio documental presenta como muestra del trámite necesario para poder actuar al servicio de la Provincia Oriental en el corso contra naves españolas y portuguesas, la habilitación de la goleta "República Oriental". Esta nave era propiedad del capitán don Ricardo Leech (que había revistado como oficial en la escuadra de Brown) y D. Benito Powell, quienes ajustaron en la Escribanía de Marina el compromiso correspondiente.

Como garante o fiador se inscribió el mismo Powell, al parecer en forma simultánea y ante el mismo escribano, D. Bartolomé Bianchi.

Con el comienzo de estas acciones corsarias surgieron -de inmediato- problemas con las autoridades bonaerenses, los que podemos ejemplificar en los sucesos que involucraron a la balandra "Industria". Esta nave, que había salido en corso al mando del capitán Juan Brown, apresó en diciembre de 1816, a unas 20 leguas de Montevideo, al bergantín portugués "Pensamiento Feliz", con carga de cueros, sebos, lana, velas, nueces y pasas de uva, pero Pueyrredón protestó esta acción.

Del análisis de los oficios intercambiados en la época entre el gobierno de Buenos Aires y el de Montevideo, surge que Pueyrredón negaba el derecho del uso del corso contra los portugueses, desautorizando la concesión de patentes y advirtiendo a Barreiro, gobernador montevideano, que no reconocería otras patentes que las otorgadas por "la autoridad superior a que obedecen los pueblos de esta Banda..." (poniendo de manifiesto que la única autoridad que debía reconocerse era la bonaerense).

Podríamos concluir que en esta etapa el corso oriental estuvo planteado como un hostigamiento, sin consecuencias que pudieran considerarse drásticas para el comercio lusitano.

Las naves dedicadas -generalmente- eran de escaso tonelaje y su teatro de operaciones se remitía a un área relativamente pequeña en el Uruguay y el Río de la Plata (entre Buenos Aires y Maldonado).

Su actuación estuvo coartada por la censura de Pueyrredón, que ejerció una severa custodia a los mercantes lusitanos que llevaban destino a Buenos Aires.

De acuerdo a estos criterios podemos afirmar que el movimiento corsario inicial no alcanzó verdadera repercusión hasta que se desencadenaron los sucesos de fin de ese año y principio del siguiente (en apretado resumen: 19 de noviembre, derrota de India Muerta; 8 de diciembre, pacto de incorporación incondicional de las Provincias Unidas firmado por Duran y Giró; 3 de enero, derrota de Artigas en Arapey, seguida al día siguiente por la de Latorre en Catalán; 20 de enero, entrada de Lecor en Montevideo).

El hecho de haber caído Montevideo dio a Lecor la oportunidad de instalar allí un Tribunal de Presas portugués para juzgar en él a los buques con pabellón artiguista.
A su vez -a principios de 1817- los alrededores de la zona montevideana eran asediados por numerosos corsarios, que ampliaron su campo de acción hasta la altura del Cabo de Santa María o Río Grande, pasaje obligado y de relativa fácil custodia en que, ejerciendo el "derecho de visita", se detenía a los buques de las más diversas nacionalidades (evitando el subterfugio de los portugueses que muchas veces arbolaban pabellón americano o inglés).

Con el correr de los meses las naves lucieron su bandera tricolor a la altura del paralelo 25, llegando pronto hasta Río de Janeiro y subiendo para asediar las costas de Bahía, Pernambuco, Natal, Ceará y Maranhao, provocando entonces la alarma que se tradujo en convoyes, patrullas y refuerzo de la flota, recursos que no detuvieron a los osados corsarios.


La injerencia fundamental de Thomas L. Halsey


Thomas Lloyd Halsey se había afincado en Buenos Aires alrededor de 1807, moviéndose en su círculo comercial. Hacia fines de 1813 ocupó el Consulado de Marina, siendo posteriormente designado por el presidente Madison con el cargo de cónsul de Estados Unidos, comenzando su desempeño el 30 de agosto de 1814.
Su conducta -que lo vinculó desde el inicio al movimiento corsario bonaerense- se justificaba por varias circunstancias, entre las que podríamos destacar básicamente los ideales republicanos que movieron a su país, las condiciones que habían permanecido tras la guerra de 1812 en Estados Unidos y, por supuesto, no podemos dejar de lado los intereses económicos.

Se debe hacer constar que el diplomático estaba asociado con Clement Cathill (John o Samuel) Miffin y Robert Goodwin, formando la conocida "Empresa
Americana" (o "Sociedad Americana"), por cuyo intermedio se equipaban buques en Buenos Aires y Baltimore.

En un momento clave, en que las tropas orientales eran derrotadas y el gobierno bonaerense provocaba levantamientos en Entre Ríos, planificando la invasión a Santa Fe, Thomas Halsey se reunió con Artigas en Purificación.

Tras el encuentro, el Cónsul gestionó la impresión de las patentes de corso artiguistas en las máquinas del diario opositor "La Crónica Argentina" y fue el intermediario por el cual se verificó la venta de un número muy importante de las mismas en Buenos Aires y en distintos puertos de su país, adonde llegaban en blanco.

Dichos puertos sirvieron como base de alistamiento y salida de buques que desde entonces van a portar una doble patente: de Buenos Aires y Artiguista, y los capitanes corsarios -de larga experiencia- integraron las filas sudamericanas, siendo fundamentales en el accionar del corso rioplatense.

Lecor, enterado de tales contactos, planificó en principio el secuestro del representante norteamericano y posteriormente solicitó a Pueyrredón su prisión y enjuiciamiento.


La documentación

Se ha expuesto anteriormente que en función de su validez legal, el corso estaba escrupulosamente reglamentado y, por supuesto, el que estableció el general Artigas se atenía a todas las disposiciones.

El documento por el que se regían las partes involucradas se conoció como la "Ordenanza General del Corso" o "Instrucciones de Corso", que constó de 18 artículos bajo el encabezado: "Artículos de Instrucción que observará el Señor Comandante del Corsario nombrado, según el Estatuto Provisional de Decretos y Ordenanzas de esta Provincia Oriental".

A este documento, que regulaba la conducta general, se agregaban tres más, conocidos en su conjunto como "Letras Patentes":

La "patente de navegación", que era expedida por el gobierno o jefe de Estado al buque, autorizándolo a usar su pabellón. Se individualizaba por esta documentación la nave y se acreditaba su nacionalidad.

-La "patente de corso" -dentro de los límites encuadrados por la "Instrucción General"- refrendaba la autorización dada por el jefe de Estado para ejercer el derecho de apresar las naves de la nación -o naciones- enemiga. Se designaba por este medio al corsario y se le autorizaba el ataque a dichos navíos.

-La "patente de oficial de presa" atendía al buque capturado y su conducción a puerto seguro. Se otorgaban varias patentes a distintos oficiales del buque, previéndose que se harían varias capturas.

La nave enemiga apresada debía ser llevada -por el oficial nominado en la patente, debidamente documentado- a los puertos nacionales, donde el Tribunal de Presas declararía si era "buena presa"; en otras palabras: si el proceso de apresamiento había sido efectuado de acuerdo a la reglamentación.

La presa podría ser también derivada a puertos amigos donde se sabía que los jueces competentes declararían la validez y legitimidad de la captura.

Estas "Letras Patentes" que sustentaron al corso artiguista fueron otorgadas en el período ubicado entre 1817 y 1820, siendo el principal "distribuidor" el citado Cónsul norteamericano.


Los buques

Las goletas de gavias, que fueron los buques utilizados más usualmente en el corso, se construían en los famosos astilleros de la bahía de Chesapeake y en las riberas del Delaware.

Los astilleros se habían especializado, desarrollando y perfeccionando las naves más adecuadas para la actividad corsaria, casi rasas, con muy poca obra muerta, eslora muy superior a la manga, escaso puntal, livianas, de entre 100 y 500 toneladas, con importante superficie vélica pero sencillo aparejo -como goletas o bergantines-, cualidades todas que se unían para dotarlas de la facultad de desarrollar una velocidad superior a la ordinaria.

Los mismos fueron conocidos más tarde como los famosos "Baltimore-clippers"; sus cruceros rápidos y arriesgados persiguieron sin cuartel a las poderosas naves que con ricos cargamentos buscaban los puertos europeos, así como a aquellas que procuraban alcanzar los puertos americanos con mercaderías manufacturadas que surtían los mercados aún cerrados y colonialistas.

El armamento era relativamente reducido, estaba conformado por un promedio de 12 cañones, de hierro o de bronce, con calibres variados entre 6, 9, 12 (los preferidos) y 18 libras, que se acondicionaban a lo largo de ambas bandas en número también variable de acuerdo al tonelaje de la nave. La artillería podía ser reforzada por cañones giratorios ubicados a proa y a popa (que eran los de mayor alcance y se utilizaban para detener a los buques más rápidos).

El corsario, aprovechando su velocidad, se adelantaba a la posible presa, la atacaba con los cañones de 12, de alcance más bien reducido y por ello de muy buen resultado en la lucha a corta distancia, como se verificaba en la mayoría de los combates con los buques mercantes más pesados y por ende lentos. La acción culminaba con los temidos abordajes.

Respecto de la propiedad de los buques, se trataba de dejar el asunto lo menos en claro posible, con documentación confusa o ventas simuladas que -como se pretendía- ayudaban en los juicios a complicar más que a clarificar la cuestión de la pertenencia.

En la mayoría de los casos aparecía como propietario de la nave en corso el propio capitán (que por lo general poseía sólo una parte de la misma).

Se conocen, sin embargo, varios capitanes que estuvieron en condiciones de adquirir su propio buque; como tales podemos citar a Thomas Taylor, J. Almeida, Juan Dañéis y Juan Chase.

Los buques corsarios artiguistas fueron identificados con el gallardete rojo y el pabellón tricolor, con las variaciones de las banderas federalistas e incluso otras combinaciones (a veces por el mal drizado de las mismas), pero respetando siempre los colores artiguistas.

El número -imposible de determinar y sin duda mayor de aquellos que se han podido documentar- es hasta este momento muy difícil de ajustar.


La tripulación

Después de haber librado su propia guerra por la independencia, en la que los corsarios jugaron un rol fundamental, terminada la contienda, decenas de naves permanecían prácticamente inactivas en los distintos puertos norteamericanos. De acuerdo a esto, cuando en 1816 Thomas Taylor (quien había servido bajo las órdenes de Brown y había efectuado un crucero de corso en la "Zephyr") volvió a Buenos Aires con seis patentes de corso de ese gobierno firmadas en blanco (en igual procedimiento al que luego se criticará en el corso artiguista), todos miraron con buenos ojos el ofrecimiento.

Comenzó así el "enganche" para servir en la campaña contra el comercio de España con patente bonaerense.

El promedio de tripulantes por cada buque oscilaba entre 90, 100 hombres (lo más común) y 150, pudiendo llegar a 180, de acuerdo al desplazamiento, número que a veces no era fácil de completar, ni tampoco de mantener.

Las deserciones eran frecuentes, así como también los casos de amotinamiento.

Las razones atendían a muy diferentes causas, pudiendo contar aquellas atinentes a la convivencia a bordo:

-la escasez de víveres;

-la falta de espacio;

-el temperamento violento de muchos de los capitanes corsarios, por lo general de los más, ya que los que no lo tenían eran considerados "blandos" y estaban quizás más expuestos aun a los motines que aquellos inflexibles y capaces de las peores represalias;

-la conducta difícil de los reclutados;

-el temor ante la amenaza de acusación de piratería por la que podían ser juzgados (después de que se sancionó la Ley de Neutralidad).

Las razones económicas que influían en la situación también eran varias:

-no se hacía una paga regular;

-existía descontento por los porcentajes asignados, la marinería común solamente obtenía un pequeño porcentaje en la venta de las presas (que se podría calcular en un promedio menor a 100 dólares por crucero);

-las ventas de los cargamentos apresados se demoraban a veces por un tiempo ya que los mercados regulares no estaban abiertos a los corsarios;

-en ocasiones, cuando se llegaban a liquidar presa y carga, los marineros no estaban ya en puerto.

En base a todo lo antecedente no era extraño que los marineros se llevasen a bordo mediante un adelanto de dinero (con lo que no estaban muy de acuerdo los propietarios),o más generalmente por violencia (emborrachándolos y llevándolos inconscientes a bordo) o incluso mediante engaños, como que se desarrollaría un viaje mercantil regular o que salían en caza de ballenas.

Tras varios días de navegación la tripulación se formaba en la cubierta y el capitán mostraba la patente que habilitaba el corso, solicitándole que firmara los nuevos contratos de enrolamiento, con la promesa de riquezas y la amenaza de las cadenas y el látigo para aquellos que se opusieran.

En medio de un brindis con ron se cambiaba la bandera y se descubrían los armamentos escondidos en la bodega.

Como anécdota podemos recordar que cuando en 1817 se aprobó la ley de neutralidad en Estados Unidos se hizo usual alistar a los tripulantes con declaraciones falsas -bajo nacionalidad extranjera-, dándose el caso de que en oportunidad de una inspección los marineros no supieran responder a sus nombres y que muchos, admitiendo el hecho, fueran desembarcados por el oficial de Aduanas, con la consiguiente furia del capitán.


Puertos corsarios norteamericanos

Baltimore, Charleston, Savannah, Norfolk y Providence fueron los puertos más utilizados para reaprovisionamiento, venta de mercaderías apresadas y enganche de tripulaciones de buques corsarios artiguistas.

Se puede estimar, sin embargo, que Baltimore -por excelencia- acaparó el movimiento corsario, ayudado por su posición geográfica, cerca de las rutas del comercio español y de las fábricas de municiones que la guerra de 1812 había desarrollado en los estados centrales del Atlántico.

Los más arriesgados capitanes se habían hecho a la vela desde este puerto: Thomas Boyle, John Dieter, Daniel Chayter, James Chayter, James Barnes, John Dañéis, John Clarck, Joseph Almeida son algunos de los más conocidos y muchos de ellos estaban afincados en Baltimore (de la misma forma que la mayoría de los buques estaba patentada allí).

Estos veteranos de la guerra, al igual que sus oficiales principales, se plegaron a la causa artiguista, no sólo por razones económicas sino también por afinidad ideológica.

Por otro lado, el hecho de que Baltimore hubiera sido uno de los puntos principales de armamento de corsarios durante la guerra, lo hacía también menos permeable a cualquier legislación que intentase preestablecer normas a la actividad marítima.

Existía en esta ciudad un importante número de comerciantes de renombre, como David De Forest, W.G. Miller, Zimmerman, Lynch y Ca., a los que luego siguieron muchos capitalistas locales que dominaron finalmente la empresa del corso que, juzgada al borde de la legalidad, apostaba a que sus entretelones fueran lo menos claros posible.

El grupo más importante de comerciantes empeñado en el corso de Baltimore era conocido como "Consorcio Americano" (nombrado a veces como el "Viejo" o "Nuevo Consorcio", pero con integrantes conocidos y repetidos en uno y otro).

Los puertos nombrados al principio de este apartado recibieron una gran afluencia de presas porque sus denuncias eran seguras y por la fácil colocación de las mercaderías requisadas, en particular en Baltimore.

Es de hacer notar que en Estados Unidos no existieron Tribunales de Presas ni Cortes de Almirantazgo, pero las presas eran llevadas ajuicio, siendo juzgadas como en otras materias de derecho marítimo.


La situación planteada desde 1817

El corso fue para el caudillo oriental el medio más eficaz para hostilizar al invasor portugués.

La Banda Oriental había enarbolado su estandarte y, jurada su independencia, pidió su reconocimiento al soberano Congreso. Las pruebas de soberanía concretas fueron la expedición de patentes de corso y el tratado de comercio con Inglaterra (que buscaba no quedarse atrás después de los vínculos logrados con Estados Unidos), firmado en Purificación el 8 de agosto de 1817.

La opinión europea se sorprendió ante el reconocimiento de un caudillo sudamericano insurreccionado que se proclamaba independiente, mientras el general Artigas, en base a las ventajas jurídicas logradas, implemento el medio legal que capacitaría a su pueblo para presentar oposición al invasor. El ataque a su enemigo se dirigió a un punto neurálgico: el comercio, destruyendo con el corso sus vías de aprovisionamiento y comunicación en el mar. Esta acción se coordinaría con la encomendada a las fuerzas terrestres para cortar toda relación entre los núcleos portugueses.

La Corte portuguesa decidió entonces apoderarse de los puertos artiguistas, en especial de Colonia, punto desde donde zarpaban los corsarios y hacia el cual se dirigían las presas. (Debemos recordar que no se podía contar con Maldonado porque Gorriti estaba en manos de los lusitanos.)

La caída del puerto de Colonia, entregado por su comandante en mayo de 1818, que había sido tomado por los invasores como un gran logro, significó -paradójicamente- la evolución definitiva del corso artiguista.

La pérdida del mismo obligó a que Buenos Aires fuera puerto de salida de corsarios artiguistas o, mejor dicho, de corsarios con doble patente.

El gobierno de Pueyrredón -en guerra con Artigas- permitía el armado de corsarios artiguistas en Buenos Aires porque utilizaban también patente bonaerense.

Podría entonces justificarse una situación que a primera vista no tenía lógica. ¿Por qué necesitaban patente bonaerense contra España, si ya las de Artigas los habilitaban para hacer el corso a las dos naciones? La respuesta era entonces: porque así el gobierno de Pueyrredón no podía actuar contra ellos.

Según opinión de algunos investigadores como Bealer, el uso de la doble patente, que atrajo a los mejores comandantes y a las naves más poderosas, debilitó el poder del corso ejercido bajo patente de las Provincias Unidas.

Su criterio, compartido por Griffin, justificaba además el hecho de adoptar la doble patente en que -ya mermado el comercio español- se encontraba un campo más propicio de acción contra la navegación comercial portuguesa.

La situación fue criticada especialmente por parte de los investigadores argentinos del tema del corso rioplatense, pero todos están contestes en que el corso recibió un gran impulso en este período.

Esta nueva situación alarmó al jefe portugués, que de inmediato dio noticia a Río de Janeiro manifestando su fundado temor por las consecuencias que preveía.

Se debe hacer notar, además que, buscando el general Artigas la garantía legal de sus corsarios, gestionó (a fines de 1817) el reconocimiento de su bandera, dirigiéndose en esa instancia a Chile.

El 20 de diciembre de 1817 el ministro francés en Río de Janeiro, Cnel. Maler, informaba al duque de Richelieu que Artigas había enviado un diplomático ante 0'Higgins a fin de que las presas de sus corsarios fueran aceptadas en los puertos chilenos. Don Agustín Beraza tomó como prueba indiscutible de la aceptación de lo planteado por Artigas el crucero verificado por el francés Pedro Doutant en el "Congreso" (que este investigador aseguró se había cumplido con patente chileno-oriental).



Notas:



[1] . Comunicaciones de Artigas al Cabildo de fecha 1° de julio y 8 de agosto de 1815. Cit. en Martínez Montero, Hornero. La flota mercante artiguista de 1815-1816. Sup. El Día. Año XXIII. N° 1127. Agosto 22 de 1954.



[2]. Según el documento del Archivo Artigas, tomo XXI, págs. 257-258.


Los corsarios de Artigas
Lic. Cristina Montalbán
Asesora de Dirección del Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos. Museo Naval. Armada Nacional. Montevideo.

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